Una tarjeta revolving es un producto financiero emitido por una entidad bancaria que establece un pago a plazos. Este sistema genera intereses recalculados de forma mensual que pueden llegar incluso a superar el 25% TAE de las tarjetas convencionales. Con este instrumento, es el cliente quien decide cómo pagar, si establece una cuota mensual fija o un porcentaje fijo de la deuda.
Pese a los procedimientos judiciales interpuestos por clientes, el uso de estas tarjetas ha ido en aumento. Este hecho es atribuido a la publicidad hecha por las entidades financieras. Sin embargo, siguen también presentes los procesos en tribunales. Para ello, el equipo de profesionales del despacho Sello Legal Abogados ofrece asesoría en materia de reclamaciones por cobro abusivo de intereses.
La estrategia de los bancos emisores es el alto interés, que se renueve constantemente la deuda adquirida, así como se renueva la posibilidad del crédito. Esto conlleva un ciclo de deuda innecesaria, teniendo en cuenta que si la cuota a pagar es baja, podrían ni siquiera cubrirse los intereses, haciendo que en vez de disminuir, la deuda se incremente.
Ante ello, el Tribunal Supremo español dictó una sentencia que califica estos elevados intereses como usura. Sin embargo, las tarjetas revolving no son consideradas como ilegales, pero se le exige a las entidades emisoras que proporcionen información más clara sobre su uso y los riesgos posteriores
Estas tarjetas generan una “falsa sensación de solvencia causada principalmente por la falta de transparencia de la entidad que la emite”. Este despacho se especializa en este tipo de reclamaciones, que persiguen la devolución de la cantidad pagada por el cliente por concepto de intereses.
El proceso puede llevar un tiempo aproximado de 10 meses, siendo el primer paso una entrevista sin coste que permitirá evaluar el caso y sus posibles soluciones. En segundo lugar, se realiza una reclamación extrajudicial en la que los abogados se dirigen a la entidad crediticia y solicitan la devolución y la nulidad del contrato que el cliente ha firmado.
De no llegarse a un acuerdo extrajudicial con la institución, se procede a la reclamación vía judicial para solicitar la nulidad del crédito, consignando todas las pruebas necesarias para lograr, finalmente, que el juez emita una sentencia favorable al cliente, y se le devuelva el dinero que pagó de más.