Hasta la fecha, la salud mental no ha sido tratada como una prioridad del mismo modo que la salud física, habiendo sido privada de financiación y habiendo sufrido una escasez de personal cualificado en todos los Estados miembros, pese a los beneficios intrínsecos asociados con una mejora de la salud y del bienestar y a los sustanciales incrementos de productividad económica que se derivan de la inversión en salud mental pública. Se hace necesario actuar rápidamente para mejorar la actual situación.
Para ello, se pide a las instituciones de la Unión y a los Estados miembros que tomen conciencia de los elevados niveles alcanzados por los problemas de salud mental relacionados con el trabajo en toda la Unión y se comprometan firmemente a emprender acciones que regulen y hagan realidad un mundo laboral digital que contribuya a la prevención de los problemas de salud mental, a la protección de la salud mental y a una conciliación saludable de la vida profesional y la vida privada, destacando la necesidad esencial de adoptar planes de prevención de los riesgos para la salud mental en todos los lugares de trabajo.
Se hace necesario también un seguimiento de la aplicación del marco europeo de actuación en materia de salud y bienestar mentales 2021-2025 de la OMS, así como la creación de una estrategia global de salud mental de la Unión que debe tener por objetivo exigir a los Estados miembros que integren la atención a la salud mental con la física.
Se pide a la Comisión y a los Estados miembros que incluyan el impacto en la salud mental en sus planes de respuesta de emergencia y preparación para crisis sanitarias y pandemias, dado que la actual crisis de salud mental debe considerarse una emergencia sanitaria.
Los empleadores deben cumplir con sus obligaciones de facilitar apoyo e información clara a todos los trabajadores y de garantizar que los trabajadores afectados por problemas de salud mental tengan una reincorporación apropiada al lugar de trabajo. Los lugares de trabajo deben facilitar el acceso a los servicios de apoyo a la salud mental y a los servicios externos, así como a la prevención, el reconocimiento precoz y el tratamiento de los trabajadores que puedan sufrir trastornos de salud mental, apoyando su reincorporación y ayudando a prevenir las recaídas. Asimismo, deben ponerse en marcha planes empresariales de prevención de la salud mental, incluida la prevención del suicidio, y deben adoptarse estrategias de apoyo a los trabajadores que vuelven a trabajar tras una larga ausencia.
En el lugar de trabajo se producen acoso y discriminación por múltiples motivos y con frecuencia estos constituyen una fuente de estrés y de desconexión del lugar de trabajo. En este sentido, la discriminación por razón de edad, discapacidad, sexo, género, orientación sexual, raza, nivel educativo o socioeconómico y pertenencia a grupos vulnerables está generalizada y debe ser abordada por los empleadores. Debe incluirse una política de lucha contra el acoso en las medidas de salud y seguridad en el mundo laboral digital y prestarse apoyo a las empresas, especialmente a las pymes, para ayudarlas a poner en marcha políticas de lucha contra el acoso y la intimidación.
Las actuales medidas para mejorar la salud mental y la seguridad de los trabajadores son insuficientes, especialmente por lo que respecta a la evaluación y la gestión de los riesgos psicosociales, por lo que deberán crearse mecanismos para la prevención de la ansiedad, la depresión y el agotamiento profesional y para la reincorporación al lugar de trabajo de aquellos que padecen problemas psicosociales.
En relación a la lista europea de enfermedades profesionales, se recomienda que se incorporen los trastornos musculoesqueléticos relacionados con el trabajo, los trastornos de la salud mental relacionados con el trabajo, en particular la depresión, el agotamiento profesional, la ansiedad y el estrés, todas las enfermedades relacionadas con el amianto, así como los cánceres de piel y la inflamación reumática y crónica, todo ello, por medio de una directiva por la que se cree una lista mínima de enfermedades profesionales y se establezcan requisitos mínimos para su reconocimiento y una indemnización adecuada para las personas afectadas
Como parte de los esfuerzos por abordar los riesgos psicosociales, las inspecciones nacionales de trabajo pueden desempeñar un papel importante al ejecutar intervenciones preventivas o correctivas en el ámbito laboral, por lo que se pide a la Autoridad Laboral Europea que trabaje en una estrategia común para las inspecciones de trabajo nacionales para hacer frente a los riesgos psicosociales, incluida la elaboración de un marco común que contemple la evaluación y la gestión de los riesgos psicosociales y que atienda a las diferentes necesidades de formación de los inspectores de trabajo.
Se pide una iniciativa legislativa sobre la gestión de los riesgos psicosociales y el bienestar en el trabajo, destinada a prevenir eficazmente los riesgos psicosociales en el lugar de trabajo (también en línea), a formar a los directivos y los trabajadores, a evaluar periódicamente los progresos y a mejorar el entorno laboral.
Por último, se solicita a la Comisión y a los Estados miembros que reconozcan el impacto en la salud mental de los trabajadores de trastornos neurológicos con una alta prevalencia e incapacitantes, como las migrañas, y que sensibilicen sobre ellos.